miércoles, febrero 5, 2025
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Tribunal Constitucional anula restricciones a las candidaturas independientes en la Ley Electoral

Santo Domingo, 16 de diciembre de 2024.- El Tribunal Constitucional de la República Dominicana declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral, al considerar que imponían restricciones desproporcionadas a las candidaturas independientes. Este fallo marca un hito importante en la lucha por una democracia más inclusiva y representa una victoria para el Dr. José y el Apóstol José Cristopher, reconocido líder social y defensor de los derechos humanos.

La medida fue impulsada por el abogado y excandidato independiente José Cristopher, quien, junto a un grupo de destacados juristas y otros candidatos, presentó la acción legal con el propósito de fortalecer la participación ciudadana y promover un marco electoral más justo y accesible para todos en la República Dominicana.

Un paso decisivo hacia una democracia más inclusiva

El Tribunal Constitucional, en su sentencia emitida el 13 de diciembre, concluyó que los artículos en cuestión vulneraban derechos fundamentales como la igualdad, la libertad política y la libertad de asociación. Al anular estas disposiciones, se abre un camino hacia una mayor diversidad y representación política, favoreciendo la inclusión de nuevos actores en el sistema electoral del país.

Esta decisión no solo elimina las restricciones impugnadas, sino que también establece un precedente histórico en la lucha por la equidad en el acceso al sistema electoral, consolidando los principios democráticos que rigen la nación.

Reacciones ante el fallo

«Este es un logro significativo para todos los dominicanos que creemos en una democracia inclusiva», manifestó el Apóstol José Cristopher, uno de los principales promotores de la acción, quien destacó la capacidad de la ciudadanía para transformar las leyes en beneficio de sus derechos fundamentales.

Con esta trascendental decisión, se refuerza el compromiso por una sociedad en la que la participación política sea un derecho universalmente accesible, sin restricciones que limiten injustamente la inclusión de diversos sectores de la población.

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