Roque Espaillat, líder del movimiento Rescate Democrático y conocido por su estilo crítico, acusó al Ministerio de Obras Públicas, encabezado por Deligne Ascención Burgos, de irregularidades en la gestión de un contrato millonario adjudicado directamente a un contratista. Según el activista, el contrato incluye un pago inicial del 20% equivalente a 2,352 millones de pesos, algo que califica como cuestionable por la falta de claridad en los criterios de aprobación.
Una decisión respaldada por el Poder Ejecutivo
Espaillat afirmó que este incremento en el contrato fue ejecutado bajo el amparo de un poder especial otorgado por el presidente Luis Abinader al ministro Burgos. Esto ha provocado un fuerte debate público sobre la transparencia y los controles administrativos dentro del gobierno, especialmente en sectores tan sensibles como las obras públicas, donde los recursos estatales son significativos.
El activista señaló además que en un contrato anterior con el mismo contratista también se otorgó un anticipo del 20%, lo que, según sus declaraciones, parece haber sido borrado de los registros actuales para justificar el aumento. «¿En base a qué actúa este ministro? Esto es una burla al pueblo dominicano», expresó indignado.
Llamado a la rendición de cuentas
Espaillat utilizó su espacio como «El Cobrador» para exigir explicaciones claras sobre los detalles del contrato y los criterios utilizados para su aprobación. En su intervención, demandó la presentación pública de los documentos y un análisis independiente para garantizar que las decisiones se ajusten a las leyes vigentes y al interés nacional.
El líder del movimiento Rescate Democrático destacó que este caso no solo afecta la confianza ciudadana, sino que también pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de control interno en la gestión pública.
Un tema que genera debate nacional
Las denuncias de Espaillat han reavivado el debate sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos en República Dominicana. La sociedad civil y varios sectores políticos han pedido a las autoridades correspondientes que realicen una investigación exhaustiva para aclarar el caso y determinar si hubo irregularidades.
