En una declaración contundente, Eddy Alcántara, director de Pro Consumidor, se pronunció sobre la suspensión de operaciones de la controversial empresa de criptomonedas Worldcoin en la República Dominicana, una acción que no solo respondió a un reportaje periodístico, sino que refleja una postura firme en defensa de la seguridad nacional y los derechos de los consumidores en el país.
La decisión de Pro Consumidor, encabezada por Alcántara, marcó un hito significativo en el ejercicio de la autoridad del Estado sobre la protección de los ciudadanos ante la recolección indiscriminada de datos biométricos por parte de empresas extranjeras. Alcántara, quien destacó la experiencia de 31 años de un abogado en su equipo, no solo suspendió las operaciones de Worldcoin, sino que también tomó medidas preventivas para evitar que la empresa se reubicara en otras zonas del país. La estrategia se inscribe dentro de un enfoque de protección proactiva que subraya la capacidad del Estado para responder ante amenazas tecnológicas que puedan comprometer la privacidad y seguridad de sus ciudadanos.
En el plano político, la decisión de suspender Worldcoin también se convierte en una respuesta frente al creciente poder de las grandes corporaciones tecnológicas, que operan en territorios sin un marco regulatorio claro. La preocupación central de Alcántara es la recolección de datos biométricos, particularmente del iris, que plantea un riesgo inminente para la seguridad nacional. La falta de claridad sobre el uso futuro de estos datos es vista como una amenaza latente no solo para la privacidad, sino también para la salud de los ciudadanos, dada la naturaleza de los intercambios relacionados con una moneda digital que no tiene validez legal en el país.
Además, Alcántara apuntó a las cláusulas abusivas del contrato de adhesión de Worldcoin, que, según la Ley 358-05 de Protección al Consumidor, resultaron ser lesivas para los usuarios. En este sentido, el papel del Estado como garante de los derechos de los consumidores se reafirma con la revisión y rechazo de condiciones contractuales que buscan explotar a los usuarios sin proporcionarles garantías claras sobre el manejo de su información.
La negativa de Worldcoin a eliminar los datos recolectados ha dejado claro que, pese a las advertencias de la autoridad, la empresa sigue desafiando las regulaciones locales. Esta situación pone de manifiesto un conflicto de intereses entre las fuerzas del mercado global y el ejercicio de la soberanía nacional en cuanto a la protección de la información personal y el bienestar colectivo.
Para el gobierno, esta postura no es solo una victoria en términos de regulación, sino también una oportunidad para sentar un precedente en cuanto a la intervención del Estado en la protección de los datos personales de los ciudadanos frente a empresas extranjeras. Pro Consumidor, bajo la dirección de Alcántara, ha demostrado que está dispuesto a tomar decisiones firmes para preservar la seguridad nacional, la salud pública y los derechos fundamentales de los consumidores dominicanos frente a un mundo cada vez más digitalizado y globalizado.
Este episodio resalta la necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas en cuanto a la protección de datos personales y establecer mecanismos de control más estrictos sobre las operaciones de las empresas tecnológicas en el país, para garantizar que su influencia no se sobreponga a los intereses nacionales.
