Denuncias de la diáspora dominicana
El abogado Ricardo Alcántara ha solicitado al presidente de la República, Luis Abinader, y al Ministerio de Turismo, encabezado por David Collado, que implementen medidas urgentes ante el creciente número de estafas inmobiliarias en el país. Según Alcántara, los ciudadanos de la diáspora dominicana han expresado su preocupación, asegurando que la seguridad en las inversiones dentro del territorio nacional es mínima.
“Es bueno aprovechar este prestigioso medio para hacerle un llamado al Ministerio de Turismo, a David Collado y, como no, al presidente Luis Abinader, para que tomen cartas en el asunto en este tipo de estafas inmobiliarias que están ocurriendo en la República Dominicana», manifestó Alcántara.
Exigen endurecer sanciones para los responsables
En la misma línea, el abogado Elín Sepúlveda, representante legal en el caso de la Operación Nido, exhortó a las autoridades a fortalecer las leyes para sancionar a quienes cometan estos delitos. Además, instó a una colaboración estrecha entre las instituciones para evitar que la República Dominicana se convierta en un «paraíso» para este tipo de fraudes.
La red de estafa inmobiliaria de la Operación Nido
Uno de los casos más relevantes en el país es la Operación Nido, en la que el principal acusado, Emmanuel Rivera Ledesma, es señalado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) como el cabecilla de una red que habría defraudado a decenas de personas a través de proyectos inmobiliarios fraudulentos.
Según las autoridades, el fraude supera los RD$235 millones y los US$10 millones. Entre los implicados también figuran Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera, Wilton Manuel Peralta Brito y Franklin Benjamín Martínez Jokson, además de las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL.
Recuperación de bienes y avance de las investigaciones
El Ministerio Público ha incautado múltiples bienes adquiridos presuntamente con fondos provenientes de la estafa, incluyendo casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada. También se ha determinado que parte del dinero fue utilizado para financiar el lujoso estilo de vida de los acusados.
La desarticulación de esta red se logró mediante 25 allanamientos en diversas localidades del país, como San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional. Las víctimas continúan esperando la recuperación de sus fondos, mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial contra los imputados.
