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En la antesala de las protestas, la dictadura chavista ha intensificado las detenciones de opositores. Desde el martes por la noche, se ha denunciado la captura de al menos diez personas, incluyendo al activista Carlos Correa, defensor de la libertad de expresión, y a Enrique Márquez, un ex candidato presidencial que había impugnado los resultados electorales.
Diosdado Cabello, número dos del chavismo y ministro de Interior de Maduro, acusó a Márquez de estar vinculado con un supuesto plan de golpe de Estado y con un agente del FBI detenido esta semana.
Según el régimen, el presunto funcionario del FBI y un militar estadounidense capturados formaban parte de un grupo de “mercenarios” que planeaban acciones terroristas.
“Venían a desarrollar acciones terroristas contra la paz”, dijo Maduro en un acto oficial.
Por su parte, Edmundo González Urrutia permanece en República Dominicana, última parada de una gira internacional que lo llevó a Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Panamá. En su recorrido, ha buscado reconocimiento como presidente electo y respaldo para asumir el poder en Venezuela.
En Panamá, entregó en custodia las actas de votación que prueban su victoria en los comicios, aunque el chavismo las ha desestimado como “forjadas”. González Urrutia calificó esas actas como su “verdadera banda tricolor presidencial”.
El presidente electo de Venezuela ha expresado su intención de regresar al país para juramentarse, aunque el régimen lo ha amenazado con la cárcel si intenta ingresar al territorio.
Maduro, además, ha prometido tratar a sus acompañantes internacionales como “invasores”.
La crisis social y económica en Venezuela en la última década, caracterizada por la pobreza, el hambre, elevados costos de salud, corrupción, la caída de los otrora ingentes ingresos petroleros y la represión a quienes protestan contra la gestión gubernamental, empujó a más de siete millones de personas a migrar en busca de mejores condiciones de vida.
